Cultivo bajo sospecha: el inicio de la investigación
El Tribunal Penal de Alajuela se prepara para iniciar el juicio contra un hombre apellidado Retana, quien enfrentará cargos por el presunto cultivo de marihuana hidropónica en su vivienda, ubicada en el cantón de Atenas.
La causa judicial surgió luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiera información confidencial sobre la existencia de un posible invernadero clandestino en la zona. A partir de esa alerta, los agentes iniciaron labores de seguimiento y vigilancia, que desembocaron en un allanamiento en mayo del 2022.
Allanamiento reveló sofisticada infraestructura de cultivo
Durante la intervención en la propiedad, los oficiales decomisaron más de 80 plantas de marihuana junto a una serie de equipos especializados, incluyendo lámparas de luz artificial, sistemas de ventilación, aire acondicionado, abonos y materiales utilizados para cultivo hidropónico.
La estructura y acondicionamiento del lugar permitían el desarrollo de las plantas bajo condiciones altamente controladas, acelerando su crecimiento y mejorando la calidad del producto, según detallaron las autoridades en su informe.
Cultivo y posible venta: las sospechas que apuntan al acusado
De acuerdo con las investigaciones, Retana no solo habría mantenido los cultivos en su domicilio, sino que también presuntamente comercializaba marihuana hidropónica en la región de Atenas y zonas cercanas.
La modalidad bajo la cual se desarrollaban las plantas permitiría obtener cosechas más rápidas y con un nivel de potencia mayor al de las plantas cultivadas de manera tradicional, lo que las hace particularmente atractivas en el mercado ilegal.
El juicio está previsto para los próximos 24 y 25 de abril, fechas en las que el Ministerio Público presentará la totalidad de las pruebas recabadas durante la fase de investigación.
Avance del caso: Costa Rica frente al cultivo ilícito
Este proceso se suma a otros casos que han puesto en evidencia cómo el uso de técnicas como la hidroponía ha ganado terreno en la producción de drogas, al facilitar cultivos en espacios reducidos y con mayor discreción, dificultando su detección.
Las autoridades reiteraron que, pese al avance de debates sobre cannabis medicinal y uso recreativo, la producción no autorizada sigue siendo un delito contemplado en la legislación costarricense.
